§0.-- IntroducciónNOTA 1_1
¿Están comprendidos los extranjeros en el ámbito de aplicación de los derechos y deberes fundamentales estipulados por las constituciones modernas? Lamentablemente, no. Ha habido, a lo largo de la historia, progresos y retrocesos en la conciencia jurídica de los derechos migratorios. Hoy tienden a establecerse cláusulas de libre circulación en los espacios de integración económica, al paso que, de manera general (y a salvo de dispensas individuales), viene prohibida la inmigración del sur al norte. Esa orientación actual es injusta. Ni se atiene a un principio de justicia natural ni respeta la tradición jurídica (en lo que comporta de derechos históricamente adquiridos). Es dudoso que tengan los estados derecho a prohibir la inmigración foránea. Menos aún es admisible que se considere un delito el auxilio a la inmigración no autorizada. Frente a los criterios hoy imperantes, este artículo formula la propuesta de reconocer el derecho universal humano de migración por todo el Planeta.
§1.-- ¿Están incluidos los extranjeros en el ámbito de aplicación de los derechos y deberes fundamentales?
Ahora bien, ¿cuál es el ámbito subjetivo que se pretende determinar así? ¿Quiénes son los afectados por esas obligaciones constitucionales básicas y los autorizados a disfrutar de esos derechos garantizados por la norma fundamental de cada país?
En las teorías procedimentalistas --sean las del contrato social, sean las del consenso racional-- tales derechos se definen, más que por unos rasgos objetivos, por su aptitud para ser adoptados mediante el procedimiento idóneo, con lo cual en principio parecen amparar sólo a quienes podrían participar en ese procedimiento, o a lo sumo a sus allegados o representados. De ahí que tales teorías tiendan a identificar a los individuos con los ciudadanos, miembros de pleno derecho de la comunidad política.
Para las teorías jusnaturalistas de los derechos fundamentales, éstos están enraizados en la propia e inherente naturaleza humana y por lo tanto, de suyo, tienen una aplicabilidad consustancial con el hombre, no circunscribiéndose a la ciudadanía ni ciñéndose al ámbito protegido en virtud de los procedimientos de producción de las normas (del consenso racional, del pacto social o cualesquiera otros).
Sin duda hay una amplia gama de fundamentaciones de los derechos subjetivos básicos, sin que tenga por qué juzgarse exhaustiva esa alternativa entre fundamentaciones jusnaturalistas y procedimentalistas. Mas, en cualquier caso, el moderno sentir jurídico y filosófico-político se halla ante varias dificultades en lo tocante a los derechos de los extranjeros:
Suele --más o menos implícitamente-- considerarse que los únicos extranjeros que vienen afectados por derechos y obligaciones según un código constitucional son los que se hallen ya radicados en el territorio del estado donde se promulgue, y ello por pertenecer de hecho a esa comunidad cívico-política, sólo que en medida restringida, o en proceso de integración. Esa situación de semi-pertenencia o semi-integración en la comunidad, en la población del territorio, los privaría transitoriamente de derechos electorales (y por ende de representación en la asamblea constituyente) mas no de cualesquiera derechos (y deberes) que vengan definidos en la norma fundamental y que estipulen las condiciones del pacto básico que liga a los habitantes del territorio con sus gobernantes. Así, el cúmulo de deberes y correlativos derechos que afectan a los residentes extranjeros ya radicados sería un subcúmulo del de los derechos y deberes de los ciudadanos, mas el fundamento básico sería esencialmente el mismo: el código constitucional estipula las cláusulas de un pacto social que vincula a todos los habitantes del territorio, aunque principalmente a los que están más afincados, o lo están desde hace más generaciones, de manera más estable y duradera.
Esa fundamentación, sin embargo, deja sin resolver el problema de los derechos y deberes de terceros que no forman parte de la comunidad cívica o poblacional, mas que son susceptibles de entablar relaciones con ésta y eventualmente de integrarse en ella. Por otro lado, el mero título de habitante del territorio exento de representación ¿cómo es que faculta para el disfrute de unos derechos a definir en la asamblea constituyente y cómo es que entraña unas obligaciones que determinará tal asamblea aduciendo el mandato recibido de los electores? Sin duda podemos pensar que el mero hecho de entablar relaciones humanas de sociedad, del género que sean, implica unos compromisos, explícitos o implícitos. Mas ¿por qué en particular los compromisos que vayan a venir definidos en un texto constitucional en cuya elaboración no tenga uno arte ni parte, ni directa ni indirectamente?
Por otro lado, un enfoque así tiende a relegar a una cuestión de derecho internacional público todo lo referente a las relaciones entre un estado y sus ciudadanos, de una parte, y los extranjeros, de otra, al menos los no afincados en el territorio de ese estado. Lo que determinaría deberes del estado X frente a extranjeros que no vivan en su territorio (pero que un día sí pueden ir a vivir allí) sería un precepto de derecho internacional, p.ej. un tratado de emigración, o una resolución de un organismo internacional al que pertenezca ese estado.
Así tendríamos que un estado contrae compromisos hacia extranjeros no residentes sólo por el derecho positivo, aunque las legitimaciones contractualistas o procedimentalistas sean en ese campo mucho más difíciles (salvo imaginando tal vez la previa legitimidad democrática de cada estado por separado y una facultad otorgada a los poderes públicos de cada estado para entrar en esos compromisos internacionales). Así, sea como fuere, sería siempre muy secundaria y derivada la competencia de un estado en relación con los extranjeros no residentes, precarizándose sobremanera tanto la imposición de obligaciones (y la demanda de responsabilidades) cuanto el reconocimiento de derechos.
§2.-- Progresos y retrocesos históricos en la conciencia jurídica de los derechos migratorios
En la antigüedad clásica se constituyeron los estados-ciudadanos. En ellos la soberanía era inherente a la comunidad de habitantes estables de un territorio, o a una clase de miembros de tal comunidad, y se ejercía inicialmente sobre ese territorio mas con un derecho a su ulterior expansión sin necesidad de contar con la aquiescencia de los habitantes de los territorios conquistados.
Esa comunidad cívica no se entiende de manera estricta, de suerte que hay habitantes del territorio que no vienen admitidos como miembros de la comunidad, incluso a lo largo de generaciones (esclavos, metecos).NOTA 1_2 Defínese la comunidad según criterios en parte genéticos o vínculos de sangre (aunque sean ficticios), mas crecientemente territoriales o simplemente de mero estatuto jurídico-legal (ser ciudadano es tener reconocido --según las formalidades de la ley-- la denominación de `ciudadano', con las consecuencias jurídicas de tal denominación). Esa evolución, naturalmente, va haciendo porosa la pertenencia a la comunidad. Extranjeros los hubo siempre en aquellas ciudades-estados; unos, de paso; otros, residentes de corta duración; otros, radicados para toda la vida, y a lo largo de generaciones.
Las relaciones entre la ciudad-estado y los extranjeros se regulan por el derecho de gentes (a medio camino entre lo que se juzga una norma básica e impromulgada que liga a todos los hombres unos con otros y lo que se ha ido perfilando como precepto consuetudinario por la práctica de los contactos entre los pueblos).NOTA 1_3 Mas, con la porosidad de la ciudadanía estatal, la relación con el extranjero se va inspirando más en la propia normativa nacional.
Ese panorama y esa trayectoria no se aplican igual en todas partes. Se aplican menos a pueblos como el cartaginés --colonizador de una tierra extraña y anidando en medio de una población autóctona refractaria, indiferente u hostil--. Se aplican más a pueblos como los griegos y, sobre todo, el romano. Los bienes del estado de Roma son bona populi Romani. Quien declara la guerra y hace la paz es el pueblo romano (senatus populusque Romanus). Mas ese pueblo romano no es una comunidad estanca o cerrada; hay varios grados de pertenencia al pueblo (ciudadanos romanos, latinos y libertos de diversas categorías, forasteros que gozan de hospitalidad, clientes).
En la evolución de la visión del extranjero que tiene Roma se da, evidentemente, una gran modificación. En la Roma arcaica la visión era genético-sanguínea o gentilicia y por ello sólo los patricios eran ciudadanos. Los plebeyos eran, entonces, extranjeros (aunque frecuentemente fueran de linajes latinos, o sea de la misma lengua y sin duda con un parentesco estrecho con los patricios de pocas generaciones).NOTA 1_4 Eso empezó a cambiar desde la retirada de la plebe al Monte Aventino en -503; y siguió cambiando. Al final de la República lo que persiste de esa mentalidad es sólo imaginal. La comunidad ciudadana es ya entonces, y desde hacía siglos, una comunidad jurídico-territorial, aunque los latinos (y luego los italos) tuvieran un estatuto de semi-ciudadanos. Fue eso lo que dio a Roma la enorme ventaja popular, demográfica, poblacional que le permitió derrotar a Cartago en la segunda guerra púnica.
En siglos posteriores se acentúa esa tendencia a la vinculación entre ciudadanía y población del territorio (exceptuando los esclavos, aunque un número creciente de éstos se fuera beneficiando de las manumisiones y accediendo a la condición de libertos).NOTA 1_5 Ya se practicó consuetudinariamente una regla de hospitalidad durante la República.NOTA 1_6 El apogeo se alcanza en el período del Principado.NOTA 1_7
Ahora bien, junto con ese modelo de soberanía poblacional-territorial, o de estado-ciudadano, la antigüedad conoce otros dos modelos: el de las soberanías dinásticas y el de soberanías puramente gentilicias. éste último es el principal modelo no-territorial --la estirpe o raza de un pueblo, al cual se pertenece sólo por un vínculo genético. Esos pueblos autoidentificados por tal vínculo de sangre agreden a otros y ocupan sus territorios; allí se tienen que mezclar con los pueblos vencidos y sojuzgados, entrando en crisis esa identidad genética. Es lo que sucede en España bajo el yugo de los godos, cuando la casta germánica dominante se enzarza en una inextricable contradicción normativa que nunca pudo resolver.
La edad media europea-occidental se inicia bajo los auspicios de esa visión étnico-gentilicia de la soberanía, impuesta por los conquistadores germánicos, con la excepción del estado hispano-árabe de Al Andalus, cuyo modelo político ecléctico es muy diverso. Mas la fuerza de las cosas, la naturaleza misma de los lazos de convivencia, van imponiendo progresivamente el abandono de un modelo tan difícil de practicar; va emergiendo así la noción de soberanía dinástica. Bajo esa pauta, se diluye en gran medida la noción de extranjero. Cada señor feudal tiene sus siervos y sus vasallos ligados con él por una obligación de sujeción personal hereditaria; por lo demás, y exceptuada la barrera de religión (los no cristianos y los herejes en principio tienen pocos derechos), casi carece de importancia que un hombre sea de la propia tierra o un extranjero. No hay estatuto jurídico de extranjero, de manera general.
Más tarde se irá produciendo, desde la baja edad media, un resurgimiento de las microciudadanías municipales; y, a partir de ahí, de los pequeños estados ciudadanos: Suiza, Ginebra, Estrasburgo, Venecia, Génova, Pisa, etc. Son comunidades básicamente territoriales donde la ciudadanía está ligada al enraizamiento en el lugar (aunque, desde luego, dividida en estamentos con situaciones jurídicas abismalmente diversas y transmisibles hereditariamente).
A lo largo de esa evolución política, toda la tradición jurídica de la edad media y de la moderna --especialmente la del derecho español-- fue la libertad inmigratoria,NOTA 1_8 con la condición de profesar la religión oficial.NOTA 1_9
En la España cristiana medieval siempre había sido lícita la inmigración transpirenaica, porque siempre hubo --por la reconquista y las olas de expulsión de los mudéjares-- un serio déficit de población, que siguió empeorando hasta después de la expulsión de los moriscos a comienzos del siglo XVII.NOTA 1_10
Las grandes monarquías de la edad moderna mantuvieron esa secular regla consuetudinaria de libertad inmigratoria.NOTA 1_11
Eso es señaladamente así en España, no sólo bajo la casa de Austria,NOTA 1_12 sino también bajo la de Borbón,NOTA 1_13 hasta el momento de la Revolución francesa.NOTA 1_14
Se ha dicho que, si, a lo largo de siglos, los gobiernos españoles aceptaron y aun propiciaron la libre inmigración extranjera, si al menos no la prohibieron ni obstaculizaron nunca (salvo por motivos de fe), fue por una política de conveniencia, no porque creyeran nuestros gobernantes que debían permitirla; no, en suma por el reconocimiento de un derecho.
Ese argumento se refuta con tres objeciones.
Poco a poco la conciencia social pasa a ver al monarca como el que ejerce una soberanía no sólo ni tanto por títulos hereditarios meramente dinásticos (o por el derecho divino que invocan sus titulares) cuanto por un pacto con el pueblo de un territorio, pueblo identificado y delimitado de algún modo (por vago y oscilante que sea).
Entonces va adquiriendo relevancia esa identidad colectiva y, por lo tanto, la necesidad de demarcarla de las demás.NOTA 1_18
Las revoluciones de finales del siglo XVIII coronan ese proceso e inauguran algo nuevo: pasa a ser central la noción de ciudadanía, quedando más devaluada y precarizada la condición del extranjero --al paso que en el viejo orden feudal era en sí escasamente transcendente que alguien fuera de aquí o de otra parte (el ser de aquí no otorgaba sin más privilegios ni derechos, salvo que hubiera mediado un pacto hereditariamente vinculante, que ligaba, no por la territorialidad, sino por la relación genética con quienes lo hubieron suscrito en su día).
Por otro lado --y, en parte, contradictoriamente-- las revoluciones americana y francesa sufren la fuerte impronta del jusnaturalismo (todavía más acentuado en la segunda revolución francesa, la de 1848). Eso las hace tender al reconocimiento de unos derechos del hombre anteriores al pacto social que determina los del ciudadano. Derechos que, correlativamente, imponen unos deberes de respeto ajeno y en suma vinculan a todos los seres humanos entre sí.
Si, de un lado, se tiende a fijar una condición privilegiada para el nacional, en perjuicio del extranjero, por el otro eso se compensa con una tendencia inversa a extender la mayor parte de los derechos cívicos a los extranjeros, además de reconocerse ampliamente la libertad de emigrar e inmigrar, sujeta, eso sí, en casos individuales, al arbitrio de la autoridad, que puede denegar la entrada a un extranjero o expulsarlo sin tener que motivar su decisión.
Ese derecho de viajar y radicarse en otra parte, sin embargo, tardó en reconocerse oficialmente. En la primera mitad del siglo XIX fue en gran medida entronizado en los hechos y generalmente respetado (con salvedades y excepciones preponderantemente individuales) pero todavía en un vacío legal. No se sentía la necesidad de legislar lo que comúnmente se admitía sin problemas. Es más, en la visión antimaltusiana de la época la población era la mayor riqueza, de suerte que los países que tuvieran la dicha de acoger muchos inmigrantes serían países prósperos.
Son principalmente los países hispánicos de América --que ven en la inmigración europea una fuente de prosperidad-- los que más perfilan ese derecho, entonces nuevo (nuevo en su reconocimiento de derecho fundamental, aunque enraizado en una tradición secular). Y es que justamente la América española había sido excluida por la Corona de la libre inmigración extranjera, autorizada en la Península durante siglos.NOTA 1_19
La Constitución de la República de México de 1857,NOTA 1_20 tras declarar en el art. 1º `El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales' (las cuales no fundan, por lo tanto, los derechos humanos, sino al revés) estipula en el art. 11: `Todo hombre tiene derecho para entrar o salir de la República, viajar por el territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante'. No es un derecho de sólo los mexicanos, sino de todo hombre. Naturalmente la República mantiene su derecho a expulsar a extranjeros que hayan causado daño al país entregándose a actividades delictivas.NOTA 1_21 El mismo texto se mantiene, en lo esencial, en la Constitución de Querétaro de 1917, pero sufre después una enmienda que le quita casi todo valor salvo el de un recuerdo histórico.
En España la constitución democrática de 1869 y luego la no promulgada de la I República (1873) y la de la restauración borbónica (1876) siguen la pauta de esas constituciones hispanoamericanas (en las que seguramente se inspiraron),NOTA 1_22 reconociendo el pleno derecho de emigrar e inmigrar de todos los seres humanos.NOTA 1_23
El período que precedió la primera guerra mundial fue, en general, de gran libertad migratoria. Implícitamente los estados reconocen que tienen unos deberes respecto de todos los seres humanos, no sólo los habitantes de su propio territorio, sino todos (aunque el racismo de la época --unido a las condiciones materiales de vida-- limitara en la práctica el alcance de ese cuantificador universal). Uno de esos deberes era el de no estorbar su derecho a radicarse en el propio territorio. En general, sin embargo, no gozó de un reconocimiento legal explícito, mas sí del amparo de una norma de derecho internacional consuetudinario.NOTA 1_24
El desencadenamiento de la guerra de 1914 dio al traste con esa tradición humanitaria. El pasaporte se implanta de manera general. Se somete crecientemente la licitud de la residencia de los extranjeros a la previa obtención de una carta de residente, que va cobrando los perfiles de un permiso de residencia. Hasta entonces, y en virtud del principio de permisión, era lícito radicarse en un país, salvo prohibición expresa. Ahora es ilícito salvo autorización expresa. Miles y miles de residentes son internados en campos de concentración en los diversos países beligerantes por ser oriundos de estados enemigos.
A partir de la primera guerra mundial cesa de ser fácil e improblemático cruzar las fronteras. Ha empezado el período de los permisos de salida y de entrada, pasaportes y visados, de las cartes de séjour.NOTA 1_25
Sin embargo, en las negociaciones que condujeron --inmediatamente después de finalizada la guerra-- al tratado de Versalles y a la erección de la sociedad de naciones en 1919, se coloca sobre la mesa una propuesta cuyo alcance revolucionario para la concepción de los derechos humanos todavía no se ha señalado lo suficiente: el embajador nipón propone que cada estado signatario del pacto de la sociedad de naciones se comprometa a reconocer a los ciudadanos de los demás estados miembros de tal sociedad los mismos derechos y las mismas libertades que a los suyos propios (exceptuando sólo los específicamente políticos). Eso hubiera implantado, entre otras cosas, una libertad de circulación entre todos los países independientes del mundo como la que hoy ni remotamente se da ni siquiera en el espacio de Schengen. Un poco por instinto, rehusaron su aquiescencia las potencias occidentales;NOTA 1_26 la idea quedó perdida en los debates.NOTA 1_27
Si, en tantas cosas, ha habido, desde la primera guerra mundial, una clara progresión del derecho internacional en el reconocimiento de los derechos de los individuos humanos (especialmente la inclusión de los derechos sociales), en lo tocante a la condición del extranjero la evolución ha sufrido una bifurcación. De una parte, se ha afianzado un cierto garantismo hacia el estatuto jurídico del extranjero autorizado, o sea de aquel que haya obtenido una expresa autorización de entrada y residencia. De otro lado, sin embargo, se ha desprotegido casi del todo al extranjero que no goce de esa autorización expresa. A éste sólo lo amparan algunas cláusulas humanitarias genéricas, salvo en casos en que pueda aducir con pruebas su condición de asilado político o refugiado.NOTA 1_28
Desde luego, el derecho vigente prohíbe que el extranjero sin permiso de residencia pueda ser torturado, sometido a esclavitud, matado o entregado a autoridades extranjeras que le sean políticamente hostiles (y aun esto último sólo en casos especiales). Por lo demás, no goza de derecho alguno, salvo el derecho condicional a, si llega a obtener permiso de residencia, entonces disfrutar de derechos concomitantes. El extranjero que no haya obtenido permiso de residencia es un paria. Su condición en la sociedad de hoy es mucho peor que la que tenía antes de 1914.
2.3.-- La cuestión migratoria en las constituciones españolas del siglo XX
La Constitución republicana de 1931 se promulga en un ambiente internacional en el cual, desde 1914, se había abandonado la libertad de migración; el texto de 1931 se ajusta a las ideas imperantes, porque nuestros grandes constitucionalistas nunca han sido hombres capaces de un pensamiento genuinamente patrio y original. Por ello abandona el jusnaturalismo del proyecto constitucional republicano de 58 años antes, así como el reconocimiento en particular de la libertad migratoria de todo ser humano. Sin embargo, todavía conserva dos rasgos valiosos al respecto. El primero es que el art. 31 dice: `El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca'. Añade que una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español. El tercer párrafo del mismo artículo proclama la inviolabilidad del domicilio de todo español o extranjero residente en España.
Clarísimamente se están reconociendo en ese artículo los derechos a emigrar y a inmigrar de todo hombre (y toda mujer, porque la Constitución de la II República proclama la igualdad de sexos)NOTA 1_29. Viene consagrada como una libertad fundamental que se reconoce (no que se otorgue); como un derecho del ser humano que la ley puede limitar pero no rehusar ni ignorar.
La limitación será una regulación del ejercicio, pero no generará un derecho adicional de entrada o de residencia en España, pues ése está incluido en la libertad migratoria del hombre. La ley puede sólo establecer unas condiciones --razonadas y basadas en intereses del país-- para regular el ejercicio del derecho migratorio excluyéndolo o aplazándolo en casos de conflicto con el bien común de la República española. El que se vea así rehusado en su pretensión de venir a vivir a España no pierde el derecho de hacerlo en abstracto --que le reconoce la Magna Carta republicana--, pero sí la facultad de ejercer --en ese momento y en esas condiciones-- el derecho migratorio; mantiene su facultad de ejercerlo después o de otro modo o bajo condiciones diversas. Ni reduce eso el reconocimiento a una mera fórmula hueca. El aspirante descartado tiene derecho a saber por qué lo ha sido y formular --tal vez más tarde o en otras condiciones-- una nueva solicitud, ya que la negativa nunca podrá pretender que el aspirante carece del derecho a venir a vivir a España, sino sólo que todavía no cumple ciertas condiciones a las cuales está condicionado el disfrute de ese derecho.
Por otro lado, esas limitaciones al ejercicio del derecho universal de inmigración a España sólo las puede imponer la ley. Nada parecido al sistema actual en el que lo que se da es una prohibición general (salvo para los súbditos de estados miembros del espacio europeo) con exenciones individuales de tal prohibición acordadas discrecionalmente por la administración, sin sujeción forzosa a un criterio legal. Evidentemente la ley no puede individualizar; no puede decidir si se cumplen o no las condiciones en tal caso particular; es menester acudir al criterio de la administración y, eventualmente, al del juez contencioso-administrativo; pero --según el espíritu de la Constitución republicana de 1931-- la administración no tiene otra potestad que la de apreciar si en un caso se da o no el supuesto de hecho (el cumplimiento de condiciones marcadas por la ley) que acarree, en virtud de una norma con rango de ley, la facultad de ejercer el derecho a inmigrar a España.
El segundo rasgo importante de la regulación inmigratoria de la Constitución republicana de 1931 es la estipulación del art. 24.2 de que `se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español'. Aunque tal cláusula no promete el derecho a residir en territorio español a todos los iberoamericanos, la conexión de este artículo con el 31 sí impone al legislativo la obligación de promulgar una ley sobre el ejercicio del derecho inmigratorio que facilite la residencia de los iberoamericanos, excluyéndola sólo en casos excepcionales y por motivos graves, ya que potencialmente todo iberoamericano es un español. Es más, el tenor de ese art. 24.2 ni siquiera condiciona la obtención de nacionalidad española a una residencia autorizada o legal en territorio español, sino al mero hecho de la residencia; lo cual se explica porque, en virtud del art. 31, en principio esa residencia es libre, pudiendo estar limitada sólo por mandamiento legislativo y según criterios objetivos, legalmente tasados.
Vale la pena comparar ese par de artículos de la Constitución republicana de 1931 con lo dispuesto al respecto en la vigente constitución de 1978, en sus artículos 11.3 y 19§2. Ese último es el que regula la libertad de entrada y salida. Está limitada a los españoles; mas no les reconoce ningún derecho de emigrar; ni, menos aún, reconoce derecho alguno de los extranjeros a inmigrar. El único derecho que, en este punto, se concede a los españoles es el de escoger su residencia dentro del territorio español (art. 19§1) y el de cruzar la frontera en sentido de salida y entrada; de lo cual no se sigue ni el derecho a fijar su residencia fuera de España ni el de cruzar la frontera hacia afuera sin volver a cruzarla para entrar. (En efecto: por un principio de lógica jurídica, el derecho de A-y-B no implica un derecho de A ni un derecho de B, porque puede que el derecho de B sea condicional respecto al cumplimiento de la condición A.)
Que la vigente constitución no reconoce a los españoles el derecho a emigrar lo confirma la previsión del art. 42, que encomienda al Estado velar por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar su política hacia su retorno. No se dice que el retorno haya de ser voluntario. La presencia de trabajadores españoles en el extranjero (no la de otros emigrantes españoles no insertos en relación laboral) viene así tomada como una situación de hecho preexistente, que hay que regular y tratar de eliminar. Está clara la idea del constituyente: el sitio de esos trabajadores está en España, no fuera. A fortiori, pues, está claro que el sitio de los extranjeros está en el extranjero. Un estado que ni siquiera reconoce a sus nacionales la libertad de emigrar menos va a reconocer a los extranjeros la de inmigrar.
Verdad es que el art. 149.1.2 reconoce competencia exclusiva al estado en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Puede ello hacer pensar que la constitución no excluye radicalmente la licitud de actos de emigración o inmigración. Eso es verdad, pero claramente son actos que se eximen de la prohibición general. El tenor del precepto es claro: mientras que el asilo es un derecho, la emigración, la inmigración y la extranjería no lo son. Son situaciones de hecho consentidas o, a lo sumo, situaciones excepcionalmente lícitas por la concesión de un permiso administrativo individual.
Pasemos al otro problema, el de los derechos de los iberoamericanos. A diferencia de lo estipulado en 1931, en la vigente constitución (art. 11.3) sólo se autoriza al estado a `concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España'. ¿Qué es especial vinculación? ¿Cuán especial? Si el constituyente quiere decir algo que podemos adivinar, no parece atreverse a decirlo y el tenor del resultado nos ahorra comentarios. Pero lo que está claro es que a los latinoamericanos no se les está otorgando ahí derecho alguno, porque ni siquiera está el Estado español obligado constitucionalmente a concertar esos tratados.
§3.-- Las cláusulas de libre circulación en los espacios longitudinales de integración
En el espacio europeo eso ha sucedido en virtud de un creciente número de convenios, llegando a su máximo con los tratados de Maastricht y Amsterdam y el convenio de Schengen. Sin embargo, hay una serie de limitaciones que merece la pena señalar.
Mas, si es ése el panorama aun en el marco del espacio europeo, la situación es mucho peor en lo que atañe a las relaciones entre diversos espacios de integración --así como a las muchas naciones que están fuera de tales espacios--, sin que atenúe nada el rigor de las prohibiciones la existencia de vínculos históricos, lingüísticos, culturales y de parentesco.
De hecho los espacios de integración que se han ido levantando o que están en proyecto actualmente suelen ser longitudinales, al paso que las zonas de vinculación por lazos naturales son, generalmente, latitudinales. ¡Expliquemos esa terminología!
Al hablar de lazos naturales entre los pueblos me refiero a los lazos que se han entablado entre ellos por hechos de cultura, claro, y no a vínculos de naturaleza extracultural. Ahora bien, la cultura tiene su propia naturaleza. Lo natural en la vida cultural de una especie social se opone a lo artificial, aunque desde luego la diferencia es de grado.
La naturaleza en la vida cultural es lo que se va formando paulatinamente a lo largo de siglos, por el efecto conjugado de miles o millones de voluntades individuales y de grupo que van configurando voluntades colectivas; es lo que aparece como espontáneo, como brotando del quehacer no sólo de amplias masas populares sino también, claro, de sus dirigentes. éstos sin duda juegan a menudo un papel decisivo, mas --para que quepa hablar de lo natural de la cultura-- sus decisiones están sometidas a una condición suspensiva de ulterior aceptación masiva. Las decisiones de los líderes, de los gobernantes, de las élites, nunca hacen surgir directamente algo natural en la vida cultural; mas muchas veces sí lo hacen surgir indirectamente, cuando vienen secundadas por amplias masas que, poco a poco, a lo largo de decenios o siglos van plasmando ese rasgo natural de la cultura en su vida colectiva.
Desde luego esta descripción no pretende ser absolutamente exacta, y encierra algunas locuciones cuya delimitación es problemática; además habría que proporcionar criterios de algún rigor. Sin embargo, vale como una aproximación razonable. Todos sabemos distinguir una lengua natural, como el chino, el malgache, el toscano, de una artificial como el volapük. Mas hay múltiples casos intermedios, como el de lenguas naturales a las que se sobrepone una codificación o normalización en cierto modo artificial. En general, un hecho de cultura de sociedades humanas es tanto más artificial (o menos natural) cuanto más súbito es, cuanto más surge directamente por decisión de uno o de pocos, cuanto menos influencia causal en su formación tienen amplias masas y un número de generaciones consecutivas, cuanto menos aparece como una decantación o un precipitado de una larga y lenta evolución histórica.
Pues bien, aclarado lo que entendemos por lo natural y lo artificial en la cultura, falta aún por definir los vínculos latitudinales y longitudinales. Los primeros los entiendo como los que unen a países frecuentemente no contiguos geográficamente, separados entre sí por el mar, y no pocas veces situados en latitudes diversas. Las relaciones longitudinales se dan principalmente entre países que forman, directa o indirectamente, masas continentales (o que, siendo insulares, están contiguos a masas continentales) y corren frecuentemente más en la dirección de este a oeste que en la de norte a sur.
Esa denominación no tiene pretensión de exactitud y de hecho ha de ser tan matizada que el matiz será una fuerte corrección. Mas nos sirve como aproximación.
Hay en el planeta una serie de espacios discontinuos en los que vemos la presencia simultánea de:
A la vez hay muchos espacios longitudinales en los que no se aprecian apenas esos lazos de la naturaleza cultural. Cierto que hay un vínculo natural entre ellos, mas es la mera proximidad geográfica o el mero hecho de formar una masa territorial. Es un hecho de naturaleza, mas no de naturaleza cultural. Es un hecho más de geografía física que de geografía humana.
Digamos que los primeros espacios o bloques de países son bloques históricos y los segundos son bloques geográficos. Entre los bloques históricos tenemos:
Un espacio que está unido por un vínculo de naturaleza cultural (o de cultura natural) --lingüístico, histórico, de mentalidad, de tradición, de conciencia social-- es el mundo árabe, aunque éste forma una unidad geográfica longitudinal. Si la historia hubiera sido de otro modo, se hubiera formado en el océano índico un espacio cultural malayo o hubiera sido pertinente hablar de un espacio chino en el Asia oriental. Tal como se han desarrollado las cosas en estos últimos siglos, lo uno o lo otro sería exagerado. Mas la lista que he presentado no es exclusiva, ni el grado en que se da la unidad histórico-cultural es igual en esos tres casos enumerados.
Por otro lado, los espacios de integración suelen ser meros bloques geográficos: Europa, América del Norte, África (esto último hasta ahora sobre el papel y con perspectivas muy dudosas de cuajar); algunos piensan en un bloque del extremo oriente, o del Asia meridional, mas todo eso son meras conjeturas que obedecen a un prurito de simetría, de cuadriculación y de trazado de esferas de influencia desde los gabinetes de los arregladores del mundo.
Sin duda los diversos pueblos de esas amplias zonas geográficas no han vivido tan separados que no haya habido entre ellos nexos históricos y culturales: han recibido influencia unos de otros, han desarrollado a menudo técnicas afines, han convergido a veces hacia instituciones parecidas. Mas es difícil apuntar ni un solo rasgo cultural (o poblacional, etnográfico, genético o cualquier otro de la vida colectiva) que una a todos los países de uno de esos bloques longitudinales más que a algunos de esos países con otros países de fuera del bloque. Lo único común a los llamados `europeos' es ser de la especie humana y hablar una lengua humana --aparte, claro, del estar encerrados por una línea geográfica imaginaria que divide la superficie del planeta Tierra en Europa y no-Europa.NOTA 1_31
Eso nos hace ver la distancia entre las zonas naturales de vinculación o comunicación humana y las líneas actualmente admitidas de integración --aquellas que marcan los itinerarios a lo largo de los cuales se tiende a permitir la migración, aunque (según lo hemos visto) no sin significativas cortapisas--. La migración está prohibida (salvo excepciones) entre unos países y otros de una misma zona natural (espacio histórico-cultural de dimensión latitudinal), al paso que se permite (salvo excepciones) entre unos países y otros de una misma zona culturalmente heteróclita de integración longitudinal.NOTA 1_32
Las zonas longitudinales de integración --que tienden a configurarse en espacios de libre migración interna-- son, paradójicamente, zonas culturalmente tan heterogéneas y tan poco unidas por una tradición cultural que la migración tiende a ser puramente marginal. Además de eso, hay otro factor: se tiende a formar esas uniones meramente geográficas sobre la base de una similitud económica, no de una complementaridad. Países del norte y del sur pueden ser fuertemente complementarios entre sí; mas los del norte entre sí, o los del sur entre sí, tienden a ser económicamente redundantes o repetitivos, más que complementarios.NOTA 1_33
¿Qué importancia tiene que todo esté sucediendo así? El resultado es que se prohíbe la migración a lo largo de los itinerarios migratorios en que más falta hace, en que más posibilitada está por lazos lingüísticos e históricos, en que más responde a un anhelo ampliamente sentido, en que más problemas sociales podría aliviar, y en que podría beneficiar a mayor número de personas y de grupos. Se tolera, en cambio, a lo largo de itinerarios migratorios que, pese a la autorización, apenas cobran realidad. Un profesor de química español difícilmente emigra a Suecia para enseñar en sueco; un agente comercial danés es improbable que emigre a Italia para desarrollar su labor profesional (sea en danés sea en italiano); no es fácil aprender el griego, finlandés, gaélico, neerlandés, portugués y pronto lenguas eslavas. Por otro lado, la necesidad de emigrar se hace sentir sólo marginal y casi puntualmente en esos países, y cuando se da no va dirigida forzosamente a otros países de ese espacio.NOTA 1_34
Las cosas están, pues, así: donde y adonde más falta hace emigrar y más corre o correría el flujo migratorio por una vía natural (de naturaleza cultural), la migración está prohibida. Donde menos falta hace y donde es más difícil --por barreras y distancias de historia, lengua, tradición, costumbres, rasgos de la conciencia colectiva--, allí es lícito (y aun eso no de manera absoluta).
§4.-- ¿Por qué es injusta la orientación actual?
Primera razón: el derecho de emigrar (de cualquier lugar a cualquier lugar) es un derecho natural de la persona humana; derecho que podrá limitarse en su ejercicio por causas --debidamente razonadas y motivadas-- de salvaguardia de salud o seguridad públicas, por la defensa del medio ambiente en casos de congestión; serían excepciones argumentadas, caso por caso, y siempre planteadas como exclusiones provisionales del ejercicio del derecho.
Aunque no es ése el tema del presente artículo,NOTA 1_35 creo que se puede argumentar a favor de ese derecho natural de la persona humana sobre la base de que la ley no puede prohibir lo que forma parte de la vida natural de los hombres como especie social; podrá, excepcionalmente, limitar el ejercicio de facultades o actividades naturales, mas no prohibirlo. Así, es un derecho humano el de vivir, comer, vestirse, asociarse unos con otros, formar parejas y tener una relación sexual, engendrar, hablar, comunicarse, aprender y enseñar, cuidar su salud, guarecerse, y también viajar, emigrar. Son actividades naturales que los hombres han ejercido durante cientos de miles de años sin pedir permiso a nadie. Aunque no fueran derechos jusnaturales, serían derechos consuetudinariamente adquiridos.
Segunda razón: es un principio básico de justicia natural el de que el derecho sirve al hombre y no el hombre al derecho. Las normas están hechas para la vida; no la vida para que se cumplan las normas. Por eso el derecho ha de ajustarse a la naturaleza de las cosas, según lo puso de relieve acertadamente la escuela de pensamiento jurídico alemana que ostenta esa denominación.NOTA 1_36
Eso de ajustarse a la naturaleza de las cosas tiene varias facetas, no excluyentes entre sí, que han sido recalcadas por unos u otros autores, y que determinan cinco pautas o principios:
Las prohibiciones de emigrar que empezaron a imponerse en Europa en 1914 y que golpean duramente a los habitantes de los países del sur no respetan ninguna de esas cinco pautas; no son conformes con la naturaleza de las cosas.
No respetan la primera pauta porque básicamente consisten en prohibir el flujo migratorio, el ejercicio de la actividad natural humana de viajar a otro país e instalarse en él, si bien ciertamente se prevén excepciones. Mas, en vez de acudirse al principio de permisión, se acude al de prohibición, con una veda general del flujo migratorio sur-norte, o sea aquel que tiene más sentido vital, humano, cultural, más justificación y motivación socio-económica, más efecto positivo para el ulterior disfrute --aunque sea parcial-- de algunos de los derechos humanos positivos reconocidos internacionalmente (el derecho a tener una vivienda, a trabajar para el bien común, a vestirse, a beber agua potable, a comer, a recibir cuidados médicos, etc).
Tampoco respetan la segunda pauta, porque fuerzan a la emigración marginal y excepcional que no proscriben a convertirse en una reubicación acordada según contingentaciones y planes oficiales, decididos por arriba en función de intereses de grupos empresariales o presiones de diversas entidades o corrientes de opinión.
Ni respetan la tercera pauta, toda vez que conculcan el hábito de emigrar que han tenido los individuos y las familias de nuestra especie a lo largo de milenios, un hábito que se ha plasmado en migraciones de diversa intensidad según los períodos y las posibilidades técnicas del momento, pero que jamás cesó. La idea regulativa actual es parar ese flujo salvo en los contados casos en que se otorgue un permiso excepcional (y salvo en la dirección longitudinal).
Ni se respeta la cuarta pauta, toda vez que, al estallar la guerra del 14, era una regla secularmente consagrada de derecho internacional consuetudinario la de la libertad migratoria (con restricciones, eso sí).NOTA 1_37 Además, dentro de cada uno de los espacios latitudinales naturales, ha prevalecido durante siglos o decenios una normativa que permitía o hasta fomentaba los flujos migratorios norte-sur; ahora se prohíben los flujos a lo largo de la misma línea mas en sentido inverso. Las normativas prohibicionistas actuales hacen violencia y son sentidas como imposición violenta por las masas de los países a los que se impuso la colonización, que siempre acarreó un flujo migratorio norte-sur, menor o mayor según los casos. Esos pueblos han vivido bajo ordenamientos jurídicos que propiciaban o toleraban tales migraciones, han ajustado a ellos su vida y ahora, al querer beneficiarse de esa laxitud, se ven reprimidos y frustrados en sus anhelos.
Por último, no se respeta tampoco la quinta pauta: las normas que prohíben las migraciones del sur al norte son sentidas por los pueblos del sur como un oprobio, una violencia injusta e inaudita, una condena a seguir hundidos en la miseria y a no poder compartir ni siquiera las migajas de la prosperidad.
§5.-- ¿Tiene el estado el derecho de prohibir la inmigración?
¿De dónde extraen los estados la legitimidad para dictar esa obligación a otros seres humanos? éstos no han elegido a los diputados constituyentes de esos estados, ni siquiera cabe decir que haya un pacto implícito o un entendimiento tácito, con ventajas mutuas, en virtud del cual unos prohíben a los otros emigrar a cambio de algo (como no se quiera decir que ese algo es la ayuda humanitaria, la cual en cualquier caso apenas cubriría una fracción exigua de la deuda histórica del norte hacia el sur).
¿Quiere eso decir que un estado no tiene derecho a imponer obligaciones a terceros, a personas, grupos o incluso estados extranjeros? En el ejercicio de su legítima soberanía, un estado tiene derecho a imponer obligaciones a personas individuales y colectivas ajenas al estado sobre la base de varios principios de derecho internacional público.
En primer lugar, el estado tiene una responsabilidad en la defensa de su territorio y de su población, y no sólo puede sino que tiene que imponer a los extranjeros la obligación de no poner en peligro la tranquilidad y seguridad de su población y de su territorio: no realizar acciones insalubres, nocivas o peligrosas (pesca agresiva en el mar territorial, vertidos contaminantes, abuso ruidoso y peligroso de los pasillos de navegación aérea, dumping; o actos de hostilidad armada, delitos, actos violentos). Ahí estamos ante el principio de que el derecho de cada uno termina donde empiezan los derechos de los demás, y esos demás, siendo los moradores del territorio del estado, tienen una reclamación privilegiada a la actuación protectriz de ese estado frente a actos hostiles o nocivos de forasteros.
En segundo lugar, un estado, o un bloque de estados coaligados, está constreñido por reglas de ius cogens internacional que determinan derechos y deberes y que repercuten en derechos y deberes de los gobernados, tanto entre sí cuanto en sus relaciones con los poderes políticos, propios o foráneos. Hoy se reconoce el deber de un estado de no estorbar la salida de sus habitantes que tengan ganas y posibilidades de ir afuera; así hay al menos una obligación de no estorbar la salida, lo cual --en virtud de un principio de lógica jurídica ya mencionado más arriba (el de que es ilícito estorbar el disfrute de un derecho)-- entraña la obligación de los extranjeros de no imposibilitar el que un habitante de un país se marche de éste. (Sería como una servidumbre legal de paso por motivo de enclavamiento.)
En tercer lugar, para atender a la defensa de un bien común amenazado desde fuera, los estados coaligados pueden imponer obligaciones transitorias a extranjeros exteriores a la coalición; en período de guerra, establecimiento de zonas de circulación o radicación reservadas. Estamos ante un derecho mutuo y que es igualmente razonable (en teoría al menos) pensar que lo van a ejercer unos países contra otros y viceversa.
Y tal vez hay una cuarta base, más laxa, consistente en algo que vio, mejor que nadie, el gran jurista galo Georges Scelle:NOTA 1_38 las relaciones entre los estados --así como las relaciones entre los estados y las personas no estatales, sean individuales o colectivas-- se dan en el seno de una sociedad humana planetaria, la cual siempre ha existido.NOTA 1_39 Hay en la base de la cultura de nuestra especie un fenómeno de difusión fundamental, un origen común, por lo cual nuestra gran comunidad humana comparte miles de rasgos de índole natural (pero de lo natural de la cultura).
Al fin y al cabo todos procedemos de un tronco común del cual nos hemos ido desgajando recientemente, heredando, sin lugar a dudas, de ese tronco común un complejo legado de tradiciones, creencias, instituciones, hábitos, reglas lingüísticas (de ahí que las lenguas humanas tengan entre sí muchos más rasgos comunes de los que se explican por mera convergencia funcional).
De existir esa comunidad humana terráquea, en ella están integrados los individuos humanos pero también las colectividades, del tipo que sean (difusas o no), y entre esas colectividades los propios estados. Todos los integrantes de esa gran comunidad tienen, en virtud de esa pertenencia, derechos y correlativamente obligaciones. Esa mutua vinculación sería, pues, un título suficiente para que un estado imponga deberes a extranjeros, a personas que no viven en su territorio. Sin embargo, es evidente que, si se admite este cuarto fundamento, habrá que examinar si ese estado no está ligado por deberes hacia esos mismos extranjeros que justamente determinan unos límites a las obligaciones que el estado les puede imponer. En cambio, si no se admite esa vinculanza o ligazón deóntica, el estado queda desligado de deberes para con los extranjeros (al menos los extranjeros no residentes), pero también queda exento de derechos respecto a ellos, perdiendo así este posible título para imponerles determinadas obligaciones.
Dejando de lado el cuarto fundamento (aunque yo creo que es perfectamente válido), está claro que hay razones válidas para que un estado imponga ciertos deberes a extranjeros no residentes, razones derivadas del deber del estado de garantizar el bien común del pueblo de ese estado, dentro del respeto a las reglas jurídico-internacionales que posibilitan una ordenada y pacífica convivencia de los diversos estados.
Ahora bien, siendo ello así, está claro que la competencia del estado para imponer obligaciones a extranjeros no residentes empieza y termina en la promulgación de sólo aquellas obligaciones que --siendo compatibles con la pacífica armonía y las reglas consuetudinarias (y eventualmente convencionales) de convivencia internacional-- sean menester para salvaguardar el bien común de la población del estado. No puede imponer el estado a los extranjeros obligación o prohibición alguna que no venga perentoriamente exigida por ese bien común. Ni puede extralimitarse imponiendo obligaciones que entren en conflicto con reglas de derecho internacional.NOTA 1_40
Pero justamente el que un estado tenga competencia y atribuciones jurídicas para imponer obligaciones a extranjeros no residentes indica a las claras que hay un nexo social entre el estado en cuestión y esos extranjeros. Y todo nexo social implica la vigencia de una norma, promulgada o no, natural o artificial, de origen consuetudinario o legislativo o convencional o meramente que emane de la naturaleza misma de las cosas y de la necesidad de la relación. Si no se da esa norma, todo es lícito; mas, si todo es lícito, nada lo es. Sólo cabe que haya una competencia y unas atribuciones de X frente a Z si existe una relación entre X y Z que determina unas ciertas obligaciones y unos ciertos derechos.
Sea o no verdadera la tesis de Georges Scelle de la existencia de la comunidad humana (la república universal de Francisco de Vitoria), lo seguro, en todo caso, es que la mera posibilidad de que un estado asigne obligaciones a individuos que no son súbditos suyos supone un lazo social que tiene que estar regulado de algún modo, que tiene que ajustarse a una cierta norma, explícita o implícita, expresa o tácita.
Y así tenemos que reconocer que la imponibilidad de obligaciones (y de prohibiciones) por un estado a personas que no son súbditos suyos implica necesariamente una relación social (no forzosamente previa en el tiempo) entre el estado y dichas personas, relación regida por alguna norma.
¿Qué fundamentos puede tener esa norma? Los fundamentos pueden ser de tres tipos.
Es dudoso que pueda haber un cuarto fundamento. En efecto, la competencia o atribución normativa del estado para con los extranjeros (no residentes) no parece poder emanar (sólo) del propio estado o de su soberanía, la cual tiene un ámbito de competencia circunscrito al territorio y a su población. Tampoco parece que pueda venir de una concesión unilateral de los extranjeros así afectados, ya que en general eso no se da (y, de darse, sería un título muy dudoso).
Ni parece que esa competencia pueda emanar de un tercero en discordia, cual sería una autoridad imparcial supranacional (salvo que sea la conciencia colectiva de la humanidad), como no se quiera asignar hoy esa función de gobierno mundial, con autoridad supraestatal, a una organización política planetaria, como la sociedad de naciones o la organización de las naciones unidas.
Sin embargo, esas organizaciones --que contribuyen a la formación del derecho internacional-- han tenido o tienen escasos títulos de legitimidad (lo cual es particularmente relevante en el caso de la actual organización, la ONU, en la que rige el principio del despotado de las cinco grandes potencias).
Agotada así la gama de fundamentos (el derecho de gentes, el derecho interestatal convencional y el derecho natural, o la exigencia normativa de la naturaleza misma de los asuntos), hay que plantearse si alguno de tales fundamentos puede conceder a un estado el derecho de prohibir a los extranjeros viajar pacíficamente al territorio propio y radicarse en él para realizar actividades lícitas y no dañinas de la vida humana, como: trabajar; vender mercancías útiles para la población --y cuyo comercio sea legal--; ofrecer servicios a una clientela voluntaria y cuya prestación no entrañe dolor, degradación ni merma vital (servicios de peluquería, jardinería, guía, acompañamiento, cuidado hogareño o cualesquiera otros similares). Hemos de notar al respecto dos rasgos importantes de las actividades en cuestión.
1º.-- Se trata, en primer lugar, de actividades naturales de la especie humana (de naturaleza cultural más que de naturaleza puramente natural, aunque siempre con una raíz última en lo natural estricto, en lo biológico). En segundo lugar, son actividades bien valoradas socialmente. Hay, es verdad, márgenes de desacuerdo en torno a determinadas profesiones, a determinadas mercancías o servicios. ¿Es valorable positivamente la venta de bebidas embriagadoras por el placer que procuran y las amistosas relaciones que propician y la continuación de una refinada tradición degustativa? ¿Es desvalorable por los efectos nocivos del frecuente abuso? ¿Es positiva o negativamente valorable el servicio de juegos y apuestas?NOTA 1_41
Tales divergencias no afectan, sin embargo, a lo principal y más frecuente de las actividades consideradas, como puede ser ofrecer sus servicios de mozo de cuerda, programador, albañil, dentista, camarero, barrendero, enfermero, empleado de hogar, ingeniero de canales, taxista, deshollinador, profesor de matemáticas, mensajero, etc; o vender rosquillas, pasta de dientes, adornos de bisutería, bolígrafos, pañuelos o linternas; o cuidar niños, arreglar televisores, instalar cortinas, limpiar alfombras. Todas ésas son actividades de suyo lícitas y útiles para la vida y el bienestar humanos.
2º.-- Esas actividades no sólo son naturales --e.d. no sólo forman parte de la vida humana normal y corriente-- sino que, en general, son provechosas para los demás y, por ello, revisten un valor positivo, que es socialmente reconocido. Quien reparte fruta a domicilio lo hará por egoísmo, para ganarse así la vida, mas sus clientes reciben de ese modo un servicio que les es beneficioso, y de la multiplicación de labores y servicios así resulta un mayor bienestar general.
Así pues, la prohibición de inmigración foránea para realizar tales actividades no puede motivarse por la índole de éstas; es más: siendo las actividades beneficiosas y bien valoradas, nada se opone a que se ofrezcan voluntariamente y a que más personas y otras personas las ofrezcan, en tanto en cuanto esa oferta adicional asegura mejor que tales actividades se lleven a cabo; o, si algo se opone, será por una razón ajena a la actividad misma y relativa exclusivamente a la persona.
¿Cuál puede ser esa razón? Podemos concebir al menos dos.
§6.-- El delito de la inmigración no autorizada
Trátase en todos los casos de actividades de suyo valiosas que forman parte del tráfico jurídico normal de la vida humana; actividades naturales, como viajar, mudarse, ir a buscar trabajo a otra tierra, facilitar el pasaje, notificar esa facilidad, emplear mano de obra para actividades socialmente útiles. Siendo todas esas actividades de suyo útiles, socialmente buenas, sólo pueden ser delictivas cuando concurra un rasgo que contrarreste absolutamente ese valor. Tal rasgo no puede estribar en la mera prohibición legal.
El derecho penal dejaría de ser la ultima ratio, reservada para los casos gravísimos de violaciones particularmente serias de la convivencia. El estado no tiene derecho a abusar de su ius puniendi. Y abusivo es penalizar conductas que --avaladas o no por los permisos y los papeles otorgados por la administración-- son de suyo conductas naturales de la vida social humana e incluso conductas socialmente útiles y valiosas.
O sea, aun cuando fuera admisible que las autoridades estatales prohibieran la inmigración, eso no justificaría en modo alguno que además apliquen el código penal para castigar actos de inmigración no permitida o de facilitación de la misma o de transporte migratorio de pasajeros indocumentados o de contratación laboral de indocumentados.
A este respecto, sin embargo, cabe plantearse si es pertinente el distingo jurídico entre el acto de inmigrar sin visado (acto ilícito pero no penalmente sancionado) y el auxilio a la inmigración no-autorizada, o a la permanencia en el territorio del inmigrante ilegal.
En efecto, al paso que no se conceptúa como delictiva la conducta migratoria del extranjero que ha ingresado en el territorio estatal sin autorización administrativa, en cambio los códigos penales vigentes sí castigan los comportamientos favorecedores de tal inmigración. Varía, con tendencia a agravarse, el rigor expiatorio, previéndose a menudo penas cada vez más draconianas por acciones muchas veces humanitarias (dar cobijo a inmigrantes indocumentados; ayudarlos a franquear un brazo de mar o una zona fronteriza; proporcionarles ayuda o una remuneración a cambio de una prestación laboral --sin incurrir en abuso alguno).
Veámoslo con el caso del Código Penal español de 1995. El art. 312 del CP reprime en su art. 312, n. 1, al que trafique de manera ilegal con mano de obra, con prisión de 6 meses a 3 años más multa de 6 a 12 meses; y n. 2 inflige la misma pena a quien emplee a un súbdito extranjero sin permiso de trabajo en condiciones que restrinjan o perjudiquen algún derecho que tuviera reconocido legal o contractualmente. Es difícil ver qué derechos tiene legal o contractualmente reconocidos alguien que carece de permiso de trabajo; por ello puede preguntarse uno si la norma, rigurosamente tomada, no es vacía; por el principio exegético del efecto útil, la norma ha de leerse, entonces, como prohibiendo la contratación de trabajadores extranjeros sin permiso de trabajo.
En cuanto al tráfico de mano de obra, es una figura de enorme vaguedad e indeterminación que puede aplicarse a quien usa sus buenos oficios para ayudar a los inmigrantes indocumentados a obtener una colocación; la cláusula `de manera ilegal' indica que se trata de una norma penal en blanco, una de esas figuras criminales que sólo vienen determinadas por disposiciones administrativas.
El art. 313 castiga con la misma pena al que promueva o favorezca por cualquier medio la inmigración clandestina de trabajadores extranjeros a España.NOTA 1_43 Parece que el delito puede cometerse por imprudencia y, desde luego, sin malevolencia alguna ni ánimo de lucro, incluso sin intención de cometerlo.NOTA 1_44
Es más: el auxilio a la inmigración clandestina así reprimido puede consistir en facilitar la emigración de tránsito por nuestra Patria y rumbo a terceros países, por aplicación conjunta de los números 1 y 2 del art. 313 (el emigrante en tránsito por España inmigra provisionalmente y luego emigra; sin embargo el n. 2 del art. 313 restringe algo el tipo del delito requiriendo engaño).NOTA 1_45
Notemos que, como lo apunta el Prof. Alfonso Serrano,NOTA 1_46 el citado art. 312.2 no requiere que el empleador cometa un abuso de necesidad ni que imponga el contrato mediante engaño. Es más, la ley de extranjería de 1985 prohibió, más en general, toda contratación de inmigrantes indocumentados sin permiso de trabajo, o con uno caducado. Tal prohibición en sí no es penal; pero --por el motivo alegado-- parece que hay una automática remisión del precepto penal a la ley de extranjería.NOTA 1_47
Mucho más duramente castiga nuestro código una acción humanitaria de auxilio al inmigrante indocumentado que una serie de conductas cuya perversidad está a la altura del sufrimiento humano que causan.NOTA 1_48
Está claro, pues, que nuestro CP, aunque no somete a prohibición penal la inmigración clandestina, sí castiga duramente el auxilio a la misma. A favor de esa dualidad de trato penal pueden alegarse cinco razones. Ninguna es válida.
Lo que distingue la ilicitud penal de la mera ilicitud administrativa es la mayor gravedad de las conductas prohibidas, su mayor peligrosidad social. Por eso el derecho penal se reserva como ultima ratio que ha de intervenir lo más excepcionalmente posible. Ahora bien, si la inmigración ilegal fuera un mal social de tal magnitud que mereciera el duro trato punitivo que infligen los códigos penales modernos a quienes, aunque sea por razones humanitarias, ayudan al inmigrante ilegal, entonces la conducta tipificada sería en sí tan socialmente dañosa que no se vería por qué su comisión ha de ser penalmente irrelevante al paso que la complicidad en su comisión acarrea graves puniciones.
En rigor la dogmática jurídico-penal tiende hoy --incluso cayendo en el exceso-- a descartar por completo ese factor de la malicia o mala intención. Eso me parece exagerado. Pero, en cualquier caso, aunque incluyéramos la malicia entre los elementos de la culpabilidad, ello no eliminaría la inmigración ilegal del tipo jurídico-penal del delito, sino que sólo determinaría una impunidad del culpable por falta de malicia. Ahora bien, por las mismas habría que conceder impunidad a quienes realizan actos de auxilio al inmigrante ilegal que están tipificados como delito, salvo que efectivamente medie malicia.
La dogmática jurídico-penal siempre se topa con una dificultad al tratar de habérselas con circunstancias de índole particular --ya afecten a un elemento subjetivo de las conductas delictivas, ya a un elemento objetivo-- que aconsejan la clemencia sin dejarse clasificar bien ni como causas de inculpabilidad ni como eximentes de ilicitud penal ni como meros atenuantes. Se ha tendido a idear para ese tipo de circunstancias inclasificables --excepcionales en la estructura conceptual de los códigos-- la denominación de `excusas absolutorias', o `condiciones objetivas de punibilidad' porque ni eliminan la ilicitud penal ni la culpabilidad o reprochabilidad, pero sí determinan una decisión legislativa de impunidad.NOTA 1_50
En la dogmática jurídico-penal alemana, algunos autores han perfilado una noción intermedia, distinguiendo las causas de exculpación, fundadas en la inexigibilidad de un comportamiento ajustado a la norma (circunstancias que aminoran el grado del injusto penal y también de la culpabilidad), de las causas de no-punibilidad, que se dan cuando el merecimiento de la pena del hecho queda excluido de antemano o anulado después.NOTA 1_51 Según eso, si en el sacrificio de una vida ajena para salvar la propia se da una causa de exculpación --que disminuye o anula lo injusto y la culpabilidad del acto--, por lo contrario en el encubrimiento de un pariente se daría una excusa absolutoria que no elimina ni lo uno ni la otra, sino sólo el merecimiento de la pena.
El distingo parece forzado, pero no nos importa mucho aquí. Sea como fuere, si es un delito ayudar al inmigrante indocumentado, la propia inmigración ilegal habría de ser también un delito, aunque en general el inmigrante quedara penalmente exonerado, ya fuera por un atenuante cualificado, o por una causa de exculpación o --más verosímilmente-- por una mera excusa absolutoria.
§7.-- Una propuesta alternativa: reconocer el derecho universal humano de migración por todo el Planeta
Esa equivocada visión se ha plasmado incluso en que los redactores de la declaración universal de los derechos humanos hayan omitido el derecho de inmigrar, también silenciado en los pactos de 1966. Frente a ese craso error jurídico, hay que volver por los fueros de principios jurídico-constitucionales como los que inspiraron varias constituciones mexicanas del siglo XIX y los textos constitucionales españoles de 1869 y 1873: reconocer que todos tienen el derecho natural humano de ir y venir, de salir y de entrar, de radicarse donde les parezca, sujetándose a las leyes del lugar y dedicándose a actividades que allí sean lícitas.
El fundamento para esta propuesta es quíntuple.
1er fundamento.-- En primer lugar, se basa en el derecho natural humano de consociación, más básico que el de asociación. El derecho humano fundamental es el de vivir, el de tener una vida social humana en el entorno humano, participando equitativamente en el bien común y contribuyendo al mismo. De ese derecho a vivir equitativamente en sociedad se derivan todos, incluyendo el derecho de consociación, que tiene una serie de casos particulares: ius conubii, ius amicitiae, ius sodalitatis. Uno de ellos es el de escoger a sus coterráneos, pasar de una sociedad territorialmente demarcada a otra. Una actividad perfectamente natural y milenaria del ser humano que sólo excepcionalmente puede limitarse por razones de fuerza mayor o por circunstancias transitorias o singulares condiciones locales (medioambientales u otras) que justifiquen suficientemente la limitación.
Por otro lado es obvio que de ese derecho de consociación se puede abusar (como de cualquier otro). Dados los conflictos entre unos derechos y otros, es normal que la legislación ponga coto a los abusos. Así, hay un derecho de contraer matrimonio, mas evidentemente hay limitaciones legales para evitar casamientos en fraude de ley, situaciones de poligamia, abusos de confianza, irresponsabilidades maritales, etc. También se puede abusar del derecho a emigrar; un viajero incontinente que vaya como mariposa de flor en flor puede ser una fuente de inestabilidad; alguien que no tenga capacidad para adaptar su conducta externa a las costumbres del país, perturbando así gravemente la normal convivencia puede sufrir una medida excepcional de alejamiento si no se corrige. ésas u otras medidas así podrían estar justificadas como disposiciones encaminadas a prevenir el abuso del derecho de consociación. Nunca una prohibición general de inmigración.
2º fundamento.-- El segundo fundamento es el derecho a la prosperidad de los pueblos (y de los seres humanos que los integran). La prosperidad es una faceta de la vida; conque se trata de un corolario más del derecho a vivir, a tener una vida social humana en un entorno humano adecuado. Siendo lícito obtener y alcanzar prosperidad es, a fortiori, lícito buscar esa prosperidad. Los revolucionarios norteamericanos del siglo XVIII sólo reconocieron el derecho a la busca de la felicidad, no el derecho a la felicidad (o al bienestar, o a la prosperidad). Se equivocaban. Si es lícito buscar la felicidad es porque la felicidad es lícita. Todos tenemos derecho a ser felices. Todos tienen derecho a vivir bien (vivir mal es menos vivir que vivir bien); todos tienen derecho al placer, a la alegría, a la buena salud, a las comodidades de la vida. Ese derecho no les da garantía de su satisfacción, mas sí impone a los demás (por el principio lógico-jurídico de no vulneración) el deber de no estorbar ni impedir esa satisfacción, ni por acción ni por omisión (aunque eso no significa que tan ilícito sea impedir por omisión como por acción).
Puesto que frecuentemente emigrar es un modo de procurarse uno a sí mismo y a los suyos un mínimo grado de prosperidad (y hasta a veces es el único modo disponible de hacerlo), prohibir esos viajes, esos cambios de residencia, ese ingreso de inmigrantes es impedirles el ejercicio de su legítimo derecho a ser felices y a trabajar honradamente por su felicidad.
Mas el derecho a la prosperidad no es sólo un derecho individual o de las personas físicas. También es un derecho de las personas colectivas, de los pueblos. Y uno de los modos (frecuentemente hoy por hoy --pese a los planes miríficos sobre el papel-- el único disponible) es la emigración. Contrariamente a un prejuicio extendido, la emigración favorece a los pueblos de donde procede, aportándoles mayor prosperidad; por varias razones: remesas de los emigrantes (es, con mucho, la principal); retorno eventual de algunos de ellos provistos de nuevas capacitaciones y nuevos recursos; alivio de la desocupación (cuando la escasez de capital impide crear suficientes puestos de trabajo). Lo confirma la experiencia de países que fueron en el pasado fuentes de enorme emigración, como Italia, Alemania y España, cuya condición económica es hoy incomparablemente mejor de lo que habría sido sin esos flujos migratorios masivos de tiempo atrás.
3er fundamento.-- El tercer fundamento es el derecho de la humanidad. No sólo hay derechos humanos de los individuos humanos. Hay también derechos humanos de las parejas humanas y de las familias; derechos de los pueblos; y hay derechos de la humanidad, de la comunidad humana. La humanidad tiene derecho a la mayor y mejor convivencia de sus miembros; tiene derecho a la paz, a la prosperidad y a que se asegure lo mejor posible el futuro (hasta donde le es posible al hombre). Tiene derecho al planeta Tierra, que es su casa. Y es un derecho de propiedad colectiva sobre la superficie del globo terráqueo y sobre lo que está debajo.NOTA 1_52 Derecho colectivo que limita los derechos individuales y particulares. Ningún derecho de propiedad, ni individual ni colectiva, puede ser tan fuerte que prepondere por sobre el derecho del género humano a la conjunta propiedad del planeta.
Prohibir la inmigración significa conculcar ese derecho de la humanidad al planeta Tierra; significa, en la práctica, someterlo por completo a un irrestricto derecho de propiedad colectiva de un territorio por el pueblo que lo ocupa, en lugar de que tal propiedad colectiva sea un mero derecho preferente y no exclusivo de uso colectivo de esa porción de la superficie terrestre.
4º fundamento.-- El cuarto fundamento es la noción misma de espacio público. Hay terrenos de propiedad privada y hay terrenos de propiedad pública. Mas terreno público no es cualquier terreno de propiedad pública. Es público o domanial el terreno que tiene un uso público, un uso abierto a todos: los caminos, las playas, los cauces de los ríos, el mar, las calles. Abierto a todos, o sea susceptible de su uso público (no abusivo, no exclusivo y respetuoso de las regulaciones necesarias para asegurar su utilización razonable y duradera). ¿Quiénes son todos? ¿Los nacionales? Si así fuera, los extranjeros sólo vendrían admitidos al uso de caminos, calles, playas, veredas, riberas etc por autorización especial. Va en contra de esa concepción la noción misma de espacio público, profundamente arraigada en nuestra tradición jurídica romana (y seguramente en todas las demás). El espacio público, el terreno público, está abierto a todos. En Roma lo estaba aun a los esclavos, y desde luego a los peregrinos, a los forasteros, a los viajeros, de dondequiera que vinieran. La noción misma de terreno público, especialmente la de vía pública, acarrea la no exclusión de nadie salvo una razón especial (el bandolero, el forajido, el fugitivo de la justicia).NOTA 1_53
Todos los estados tienen vía pública. Es más, puede definirse un estado como una porción de la superficie terráquea con una administración independiente que gestiona y regula, como mínimo, una zona vial pública. Mas, si la vía pública está reservada a los nacionales y a los extranjeros debidamente autorizados, deja de ser vía pública para convertirse en un camino privado del cual serían copropietarios todos los nacionales.
Eso determina que, salvo por razones especiales, debidamente motivadas y justificadas en cada caso, no cabe prohibir a los extranjeros el transitar por la vía pública; ni por ende ingresar a ella desde el territorio extranjero a través de la vía pública que una ambos territorios (vía que no existiría si el camino público fuera camino privado de propiedad colectiva de los nacionales y nada más; no habría nada que fuera entonces la carretera de Ancara a Damasco, o la de Varsovia a Moscú). El derecho de inmigración es un mero corolario del derecho de tránsito por la vía pública; y éste es un corolario del deber del estado de establecer y asegurar una vía pública (un corolario del principio del bien común).
5º fundamento.-- La prohibición general de inmigración es ineficaz y está cayendo en desuso. Cuando las autoridades no consiguen que se aplique una ley, cuando ésta no cobra eficacia --salvo de manera aleatoria y esporádica, al albur de intervenciones arbitrarias de la policía-- ello es porque el cuerpo social la rechaza. Hay campañas de los medios de comunicación para vincular inmigración indocumentada e inseguridad ciudadana, mas el hecho es que, si no fuera por el respaldo o la neutralidad de un amplio sector de la población, no podría producirse el flujo de inmigración indocumentada. Decía Joaquín Costa que el legislador promulga la ley ad referendum, siendo el pueblo quien la refrenda al aplicarla y así le da plena vigencia (siendo la vigencia de una ley inseparable de su eficacia; va perdiendo vigencia, por desuso, una ley masivamente desacatada cuando los encargados del orden no son capaces de hacerla cumplir).
Por otro lado, aunque fuera cumplible la ley prohibitiva de la inmigración no documentada (hoy clandestina), habría que pagar un tremendo precio económico, social y humano. El contribuyente ha de reflexionar en que, para que se cumpla esa ley, han de erigirse barreras horrorosas en los puntos fronterizos, y en las zonas marítimas, con un costo gigantesco de construcción y de mantenimiento; han de dedicarse miles de hombres armados a patrullar esas zonas; han de darse órdenes de una crueldad inconfesable; ha de ser sometida toda la población a controles internos en sus desplazamientos por el territorio. Para evitar el supuesto mal del aluvión inmigratorio, habrá que dedicar ingentes recursos que hubieran podido consagrarse, p.ej., a la creación de puestos de trabajo, a la construcción masiva de viviendas de alquiler, al tendido de líneas ferroviarias de alta velocidad, a la solución de la escasez de energía, o a la desalación de agua del mar y su distribución por una red moderna de acueductos.
De esos cinco fundamentos extraigo la conclusión de que hay que reconocer el derecho universal humano de migración por todo el Planeta.
§8.-- ¿Es lícita la discriminación a favor de los nacionales?
De darse tal colisión, sería natural sospechar que puede establecerse una especie de derecho de retracto laboral (o a lo sumo de tanteo): cuando se contrate a un trabajador extranjero, un nacional podrá --ofreciéndose en condiciones iguales-- invalidar el contrato en favor propio.
Pero, por otro lado, ¿qué es lo que prueba que sea mayor el derecho del nacional? ¿En qué puede basarse esa prerrogativa (cuya plasmación legal podría consistir en ese derecho de retracto laboral)?
Tal vez la base sea que en cada estado tienen más derecho los nacionales de ese estado. Pero ¿por qué? ¿Por el pacto social? El pacto social (idealizado e hipotético) es un compromiso mutuo entre quienes lo contraigan, mas automáticamente quedan ligados por él (para cargas y beneficios, para lo bueno y para lo malo) quienes se incorporen a la comunidad nacional en el instante en que lo hagan, ya sea voluntariamente (por migración) o involuntariamente (por nacimiento o por adopción de menor sin consentimiento).
Eso no impide, desde luego, que haya ciertos derechos especiales, los derechos políticos, reservados a los nacionales (derechos de asociación política, de participación en los debates políticos, de crítica a las autoridades, de voto, de candidatura), porque el pacto social puede reservar tales derechos a una clase de personas cuya vinculación con el territorio sea más duradera, más permanente, más arraigada. Eso es una cosa y otra excluir de la participación en la comunidad a todos los efectos. Y, si no cabe excluir de la comunidad a todos los efectos, no se ve por qué han de tener más derecho (aunque sí tengan más derechos) los nacionales que los extranjeros inmigrantes. No se ve por qué a aquello a que tengan derecho unos y otros van a tener más derecho los nacionales, sólo porque a ellos les estén reservados otros derechos. Tal vez sea así, pero hay que probarlo.
Otra razón, parecida a ésa, es que la administración pública tiene un deber particular hacia los nacionales. Eso, sin embargo, en un sentido es claro y en otro dudoso; en el sentido en que es claro no parece avalar la inferencia.
Es claro que en un sistema nominalmente democrático --o que quiere serlo-- los gobernantes tienen una responsabilidad ante los gobernados, o sea: hay una masa de éstos con un cierto poder electoral sancionador de la política de los gobernantes. Pero lamentablemente el elegido no se ha comprometido absolutamente a nada ni ha firmado pacto alguno con el elector; éste no tiene --en ese asunto-- otra competencia que la de elegir, no la de votar por una opción política u otra. Conque en el fondo aquí sólo se trata de que el elegido tiene más o menos probabilidades de ser reelegido según lo que haga o proponga (c‘teris paribus). En ese sentido tan endeble difícilmente podemos fundamentar una prerrogativa del nacional (supuestamente elector) en aquellos campos en los que ambos tienen derecho (de suyo): el nacional y el extranjero.
No habiendo resultado convincentes esas dos razones, cuesta esfuerzo hallar un fundamento razonable para adscribir una prioridad de derecho al nacional sobre el extranjero de manera general en lo tocante al ejercicio de actividades lícitas y valiosas.
Por otra parte, la disyuntiva así planteada (que obtenga un puesto de trabajo el nacional o lo obtenga el extranjero) supone una cantidad predeterminada de actividad por realizar en una sociedad, con un número de candidatos entre los que hay que adjudicar o repartir. Esa imagen de la tarta no corresponde en absoluto a la realidad de la vida social humana. Pasa por alto el efecto multiplicador de las incorporaciones. Un recién llegado es también un consumidor más (cuya propensión marginal a consumir es especialmente fuerte, con el efecto beneficioso para la dinámica mercantil), pero también, si se le adjudica un puesto de trabajo, un generador de ulteriores necesidades y, por ende, un factor multiplicador de la actividad económica. El nacional que se ve postergado no injustamente (por su menor capacidad laboral, por su menor aptitud específica para ese puesto, por su menor empeño, por sus mayores exigencias retributivas) puede sentirse perjudicado, mas también él se beneficiará de que las actividades se lleven a cabo de la manera más eficiente y más amplia, porque eso multiplicará las oportunidades también para él.
Una consideración similar se aplica a los nacimientos. Supongamos que en su 22º año de vida Leocadio y Anacleto se presentan a un concurso que gana el primero. Por supuesto Anacleto puede lamentarse de que 23 años antes los padres de Leocadio hayan decidido tener un hijo. ¿Cabe deducir que es mejor que se engendren menos hijos para que los que vengan al mundo tengan más oportunidades? Eso es absurdo, porque, de nacer menos, habría menos necesidades sociales (menos necesidad de alcantarillado, cableado de internet, venta de patatas, colegios, guarderías infantiles, agencias de viajes, etc); lo cual redundaría en que quienes nacieran no por ello verían mejorada su suerte respecto a la que hubieran tenido en caso de compartir la vida con más compañeros de especie.
§9.-- Objeciones.--
Ni hay que temer un estallido social a causa de la presencia de personas así: acostumbradas frecuentemente a la pobreza, si no a la miseria, y habiendo atravesado grandes penalidades, es probable que soporten estoicamente precarias condiciones de vida.NOTA 1_55
Mas, sea todo ello como fuere, son dificultades prácticas que habrán de afrontarse sobre la marcha y que no tienen que verse con mirada catastrofista ni han de obstaculizar el reconocimiento del derecho migratorio.
Por último, hay que tener siempre presente el efecto económico multiplicador del aporte de esa mano de obra inmigrante, como lo confirma la experiencia. gracias al flujo inmigratorio se crean nuevos recursos económicos.
El problema particular de los cuadros y de las profesiones mejor remuneradas es, en sí, difícil de resolver. Sin duda hay que tener una motivación para ser profesor de Universidad en Kinshasa con una fracción exigua del salario de un profesor de Universidad en París, si uno tiene la posibilidad de ocupar una cátedra en la Sorbona. Sin embargo, pocos profesores de Kinshasa la tienen; y no muchos más la tendrían aunque hubiera libertad migratoria (en algunos países europeos justamente la hay para profesiones de alto rango social e intelectual). Tal vez habría que promover más la migración del norte al sur por motivos no económicos, en esas profesiones, porque el ser humano no sólo se mueve por dinero o por el afán de comodidad. Conque la solución (parcial, como lo es siempre la solución a un grave problema humano) está en más emigración, no en menos.